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Esperando en la carpa por la expropiación de Brukman

Las obreras de Brukman están enfrentando problemas judiciales y apuestan a la expropiación de la fábrica. Mientras, hacen una vigilia activa en la plaza.
Las obreras y obreros de Brukman están pasando el invierno en la carpa del aguante, cosiendo para los inundados y recibiendo constantes visitas solidarias. Sus antiguos patrones pidieron a la policía que la permanente manifestación frente a la fábrica, que gestionaron durante casi un año y medio, se mantenga a 200 metros de distancia. Aunque la Justicia penal les dio un nuevo revés, se preparan para resistir y apuestan todas las fichas al proyecto de expropiación, que marcha a paso lento en la Legislatura. La Justicia comercial sigue dándole oxígeno al patrón y aparecen nuevas irregularidades en el concurso de acreedores. La Justicia federal cerró la causa en la que se investigaba la violenta represión del 21 de abril, cuando las trabajadoras apoyadas por unas 3 mil personas intentaron retomar la fábrica (ver aparte).
Tras aquel procedimiento, las abogadas del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) recusaron a los camaristas que habían ordenado el desalojo, con el apoyo de legisladores y personalidades de la cultura. En aquella resolución, los jueces de la sala VII de la Cámara del Crimen, Abel Bonorino Peró y José Manuel Piombo, habían ordenado al juez de instrucción Jorge Rimondi que tome todas las “medidas necesarias” para preservar la propiedad privada. El magistrado pidió a la policía que reprima a las miles de personas que habían acudido.
Denunciados junto a Rimondi también en el Consejo de la Magistratura para que sean sometidos a juicio político, Bonorino Peró y Piombo se excusaron. Pero la sala VI de la Cámara del Crimen decidió rechazar esa recusación y confirmó que sus pares de la sala VII, con fama de independientes aunque también de reaccionarios, deben seguir interviniendo en la causa penal Brukman. Esto significa que los jueces Bonorino Peró y Piombo, los mismos que ordenaron el desalojo de las obreras el Viernes Santo, decidirán sobre la cuestión de fondo: si cometieron el delito de usurpación al mantener la fábrica en funcionamiento durante un año y cuatro meses. En una entrevista que los jueces mantuvieron con los abogados Juan Carlos Capurro, de la CTA, Juan Ramos Padilla, de la APDH, Gerardo Etcheverry, de la LADH, y Myriam Bregman e Ivana del Bianco, del Ceprodh, adelantaron que ellos consideran que “hubo delito”.
Estos jueces habían revocado un fallo ampliamente favorable a las costureras. Cuando en noviembre se produjo un intento de desalojo, los Brukman las demandaron por usurpación. El juez de instrucción Enrique Velázquez, que tenía la causa en ese momento, les dictó la falta de mérito porque consideró que hubo una “ocupación pacífica”, y que se trata de un conflicto laboral en el que no se aplica el Código Penal. Tampoco las procesó por “defraudación y hurto”, como pretendían los patrones por haber producido y vendido el stock. Y rechazó la pretensión de desalojo de los dueños argumentando que “debe primar el resguardo de la integridad física por encima de los intereses de propiedad”. Bonorino Peró y Piombo fallaron que “no es válida esa opción de valores”. Ahora, si los camaristas procesan a las obreras por usurpación quedará cerrada la vía penal para la recuperación de la fábrica. Otro elemento que les juega en contra es la rotación de jueces en el Juzgado de Instrucción en el que está radicada la causa, porque está vacante. A Rimondi lo sucedió Marcelo Lucini, y ambos tienen visiones coincidentes.
En la carpa de Brukman, ubicada en la plaza de avenida Jujuy y México, siempre hay movimiento. El actor Juan Palomino acudió a leer poesía. Los vecinos y algunas asambleas populares les dan comida y hacen ollas populares. Con tela donada realizaron los “maquinazos” para coser ropa destinada a los inundados de Santa Fe. En mayo organizaron un festival cultural por el que pasaron Eduardo “Tato” Pavlosky, Naomi Klein y Osvaldo Bayer, entre otros. Se acostumbraron a esperar los tiempos de la Justicia y también los de la política. Pero para ganar tiempo ya se constituyeron en cooperativa y la llamaron 18 de Diciembre porque ese día tomaron la fábrica y la volvieron a poner en funcionamiento. Es uno de los requisitospara que la Legislatura determine la expropiación definitiva de las máquinas, la marca, la patente de la fábrica y el uso transitorio por dos años del inmueble. El diputado y ex ministro menemista Enrique Rodríguez presentó un proyecto de ley para reactivar el establecimiento, en el que trabajaban unas 60 personas hasta el desalojo. La iniciativa fue votada en la Comisión de Desarrollo Económico y esta semana debería ser tratada en Presupuesto. La Secretaría de Desarrollo Económico debe expedirse con un “estudio de factibilidad” que estaría en marcha. La obrera Celia Martínez se quejó de que el oficialismo no estaría muy interesado en que prospere. Mientras las demás fuerzas concentran esfuerzos en la campaña electoral, el asunto Brukman parece haber salido de la agenda política.
Las abogadas de los trabajadores denunciaron que “el concurso de acreedores fue totalmente armado para defraudar tanto a los acreedores como a los trabajadores”. Lo hicieron en base a documentación presentada en la causa por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. El defensor adjunto Antonio Brailovsky denunció en el expediente comercial que lleva la jueza Matilde Ballerini una “posible maniobra fraudulenta en la hipoteca de Meadows Pines S.A.”. La hipoteca sobre la fábrica está a nombre de esa empresa uruguaya, que dejó de existir en ese país 8 meses después de realizarle a Brukman un préstamo de 1 millón 900 mil pesos. Además, nunca se constituyó legalmente en la Argentina y tampoco se encuentra en los registros de la Inspección General de Justicia. La hipoteca se constituyó tres meses antes de la declaración de quiebra, durante el período que la ley denomina “de sospecha”, y por lo tanto se presume que sería fraudulenta. “La urgencia en que estos graves hechos se conozcan está dada por el hecho de que la jueza tiene que resolver la admisibilidad del supuesto crédito hipotecario”, expresaron. Y agregaron que la magistrada viene dándole prórroga a Brukman para que presente su propuesta de pago a los acreedores y avala los “datos truchos” de concurso.

CERRADA LA CAUSA POR LA REPRESION DEL 18 DE ABRIL
Para el juez, no pasó nada
Sin tramitar pruebas ni escuchar testimonios, el juez federal Jorge Ballestero archivó la causa por la represión policial de fines de abril contra los trabajadores de Brukman que intentaban volver a ocupar la fábrica para autogestionarla. En ese expediente se debían investigar las responsabilidades del gobierno de Eduardo Duhalde, las fuerzas de seguridad, los servicios de Inteligencia y los jueces que intervinieron.
La cacería policial que dejó decenas de heridos y más de cien detenidos una semana antes de las elecciones presidenciales, se apoyó en las órdenes del juez de instrucción Jorge Rimondi y de los camaristas de la sala VII Abel Bonorino Pero y José Manuel Piombo. Los uniformados repartieron golpes y balas de goma, persiguieron a manifestantes por cuadras y cuadras, y hasta tiraron gases lacrimógenos en la Facultad de Psicología de la UBA. El Gobierno no generó negociaciones ni hizo nada para contener la represión. El jefe de la Policía Federal había recibido once días antes un oficio del juez para hacerse cargo del operativo. Rimondi también había encargado tareas de Inteligencia previas sobre los obreros de la textil.
Ballestero terminó cerrando la causa por sugerencia del fiscal federal Gerardo Di Masi, que consideró que a los jueces ya los investiga el Consejo de la Magistratura y que cualquier otra cosa que se pueda analizar corre por cuenta de la justicia ordinaria. Sin embargo, el fuero federal es el encargado por excelencia de evaluar penalmente a los funcionarios. La Magistratura puede ponderar la conducta de los jueces, pero no tiene facultades para penalizar. Entonces, con el precario criterio de Di Masi y del juez, no queda claro quién juzgará a los responsables. Ballestero es el mismo juez que había cerrado la famosa “causa Meller” –que hace unos días la Cámara Federal le ordenó reabrir y que forma parte de la acusación al supremo Eduardo Moliné O’Connor–, alusiva a la orden de la ex Entel de pagar 400 millones de pesos a esa firma por imprimir guías telefónicas.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por abogados del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos de la CTA y de la APDH. Pedían que se investigara a funcionarios, policías y servicios de Inteligencia. Contra los jueces presentaron pedidos de remoción en el Consejo de la Magistratura, que no se mostró demasiado activo al respecto. Las actuaciones están en la Comisión de Acusación, a cargo de Marcelo Stubrin, y no se movieron.
Uno de los detenidos el día de la represión, el periodista y candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Bonasso, apeló el archivo dispuesto por Ballestero. En su presentación le cuestiona que no haya “tomado las mínimas medidas investigativas de rigor”. Dice, además, que una pesquisa en la Magistratura no invalida una judicial y que si consideraba que debía intervenir la justicia ordinaria debió declararse incompetente en lugar de decir que no encontró delito. El abogado Juan Ramos Padilla, de la APDH, responsabilizó al magistrado por la posible “pérdida de elementos probatorios”.

por Adriana Meyer, 21/07/03
Fuente: Página/12